En el derecho penal argentino, toda persona es inocente hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario. No es una formalidad ni un tecnicismo — es la piedra angular sobre la que se construye cualquier sistema democrático que se precie de serlo.
El principio de inocencia está consagrado en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos que la integran. Significa, en la práctica, que es el Estado quien debe probar la culpabilidad del acusado. No al revés.
Sin embargo, este principio se ve tensionado permanentemente: por la presión mediática, por el clamor popular, por la urgencia de resultados. La tarea del defensor penal es, precisamente, sostenerlo frente a esas presiones — recordar que detrás de cada causa hay una persona con derechos, y que esos derechos no se negocian.
Defender el principio de inocencia no es defender el delito. Es defender las reglas del juego que nos protegen a todos, sin excepción.